Los estudiosos del comportamiento humano y de la mente tienen por cierto que la repetición, continua o alterna, de determinados mensajes en ciertos contextos, pueden crear una respuesta condicionada en ciertos grupos humanos; estas respuestas la conocen muy bien los profesionales de las agencias de publicidad, también otros colectivos, entre ellos están los políticos, los economistas y los dirigentes de ciertos organismos internacionales de índole privada o de carácter público.

Hoy martes 15 de Junio, los sindicatos representativos de la clase obrera de este país, (estén en paro o trabajando, que en esta diferencia que no es de clase, sino de situación en el mercado de trabajo, los palanganeros de la derecha en todo tipo de tertulias televisivas, radiofónicas y artículos periodísticos, basan muchas de sus “sesudas” criticas a una institución fundamental de la democracia como son los sindicatos de clase), han dado fecha a la convocatoria de la Huelga General para el día 29 de Septiembre, como respuesta al ataque lesivo a los derechos de los trabajadores (y parados,siii,¡¡leñe!!), que ellos representan.

Decía al principio que la repetición de consignas o mensajes creaban determinadas situaciones o condicionamientos, pero esa repetición aunque nos hartemos de oírla no se convierte en verdad. Recuerdo en mi época de estudio de la Ciencia Económica, determinados aforismos aplicados a esta, “ si todo el mundo piensa que algo va a ir mal, irremediablemente ira mal”, “si todas las personas piensan que los alimentos tendrán subidas de precios, subirán de precio” y frases por el estilo, estos cuasi dogmas de fe de las leyes del mercado, no hacen a la Economía una ciencia exacta, siempre hay alternativas, siempre hay otra forma de hacer las cosas, nunca hay soluciones taxativas tipo receta medica que sea capaz de solucionar de un plumazo los problemas de tipo económico, los economistas lo saben y de la misma manera que en el mundo de la dirección de la empresa hay que utilizar el equilibrio entre los ingenieros y los economistas, entre el factor trabajo y el factor dinero, en la economía de los pueblos el equilibrio no debe de ser tal, la balanza debe de estar mas sensiblemente inclinada hacia el lado de la política, de entender esto surgió lo que se ha dado en llamar el Estado del Bienestar.Pues ahora la consigna repetida hasta la saciedad es la necesidad de la Reforma Laboral,(olvidando que en ya se han hecho mas de catorce o quince reformas laborales), reforma muy necesaria, dicen, para crear empleo, “porque en España es difícil despedir”, frase esta textual, oída a un importante cargo publico en una entrevista, algo que suena como mínimo a extraño, porque cualquiera podría preguntarse, si es difícil despedir y hay casi cinco millones de parados,¿cuantos habría si fuera fácil?.

Pero el Banco Mundial, que como todo el mundo sabe, es un organismo dependiente de clase, concretamente de las oligarquías financieras, se dedica a dar recetas e informes y por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha emitido un Informe en el que exige al Gobierno español una reforma ambiciosa, amplia, radical y urgente del mercado de trabajo, también el retraso de la edad de jubilación y como suele ser habitual en este tipo de informes, los voceros del Banco de España y de otros centros de presión económica, en este caso españoles, han repetido la doctrina que acostumbran: hay que rebajar el precio del despido, limitar la negociación “colectiva” al ámbito de las empresas, eliminar las cláusulas de revisión salarial y recortar, por las vías que sean, el nivel de las pensiones públicas.

Además, ha demandado “ajustes adicionales”, es decir, más recortes del gasto y aumento de impuestos indirectos que se añadan a los ya planteados por Zapatero.

Pero la aplicación de las propuestas que a hecho el  FMI para España suponen un ataque sin precedentes al derecho del trabajo y a las relaciones laborales en nuestro país.

No sólo porque se quiere equiparar el coste del despido por causas objetivas al despido improcedente sino, porque lo fundamental de lo que se quiere, es eliminar del sistema, salvo en algún supuesto de discriminación, la tutela judicial.

Tan grave o más que ello es la propuesta de reducir la negociación al ámbito de las empresas.

El objetivo de esta propuesta ultraliberal no es otro que el de reducir aún más nuestro Estado de Bienestar.

Se ataca para ello a sus dos pilares fundamentales: el derecho del trabajo y las protecciones sociales vinculadas al trabajo.

Es evidente que con ello no se creará empleo ni se asegurarán las pensiones.

De hecho, ninguno de los que lo propone estaría dispuesto a cuantificar ante notario el empleo que se supone va a crearse con las medidas que propugnan.

Ni a rendir cuentas, al cabo de la próxima crisis, sobre si las medidas que plantean acabarán con la volatilidad, precariedad y bajos niveles salariales de nuestro mercado de trabajo.

Las medidas que apoya el FMI sobre el sistema de jubilación tampoco van a asegurar las pensiones: sólo aseguran que las pensiones futuras van a tener una tasa de sustitución respecto al último salario bastante más baja. O sea, que serán paupérrimas.

Añadamos a esto que lo que demandan los que desde hace treinta años vienen exigiendo reformas laborales drásticas son los que mandan en los mercados, en los bancos, en las instituciones nacionales, europeas e internacionales; y todos ellos exigen una reforma que no sea descafeinada.

Y, que junto a la reforma de las pensiones, se dé un tajo profundo al Estado social en Europa, creando precedentes en los países más debilitados y en el nuestro rasgar el texto haciéndolo papel mojado la frase de “España se constituye en Estado social y democrático de Derecho”, consagrado en la Constitución española de 1978.

Cuando los mercados son la referencia, el alfa y el omega de la adopción de una medida, lo que se reclama no es una discusión objetiva, sensata, eficaz y consciente de los difíciles equilibrios que se manejan cuando se procede a una operación tan sensible como la modificación de las instituciones que regulan el trabajo.

Lo que se persigue, bajo distintos argumentos y mistificaciones, es debilitar la protección del trabajo para hacerlo más barato.

Y en ese objetivo, no les vale cualquier reforma.

Hay que tener claro, que los que se alegran del supuesto fracaso de la huelga de los empleados públicos o del que predicen a una huelga general se equivocan.

Algunos empleados públicos pueden haber pensado, que era testimonial perder un día de salario sin expectativas de poder cambiar las decisiones ya adoptadas, pero guardarán durante mucho tiempo su profundo enfado para castigar con dureza al Gobierno en cuantas citas electorales se les presenten.

Además, si ante agresiones a los derechos de los trabajadores las huelgas u otras acciones que convoquen los sindicatos no obtienen resultados, la conflictividad social no va a descender sino que tenderá, muy probablemente, a aumentar.

Se hará más específica y localizada, más continuada, más dura y radical.

Es lo que está pasando con la conflictividad social en Grecia.

En todo caso, el decreto ley que se anuncia no puede, en nombre del mercado, hacer sangre en los derechos de los trabajadores ni violentar más a los sindicatos que se han distinguido por una política de moderación y de responsabilidad.

Una huelga general, en este contexto de crisis a nivel internacional y teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesa el gobierno, haría mucho más daño político a éste que el daño que hicieron las huelgas generales convocadas contra el gobierno de Felipe González que, si bien deslegitimaron socialmente la política económica de su gobierno, no pusieron en grave riesgo la gobernabilidad del país, decía Josep Ramoneda el domingo en el diario El País, “Cuando la economía prevalece sobre la política, la socialdemocracia es la primera víctima.”.

Por eso, el actual gobierno debe hacer lo posible por evitarla, auspiciando, y en todo caso aprobando, medidas contra la escandalosa precariedad de nuestro mercado de trabajo (en mayo, el 90,8% de los contratos han sido temporales); políticas activas que impulsen el empleo de los más jóvenes (la tasa de paro de los menores de 25 años supera el 40%) y de los parados de larga duración, necesitados de formación y reciclaje profesional; y compromisos que potencien la negociación articulada en sus distintos ámbitos, lo que redundará en la mejora de la flexibilidad interna de las empresas y en el fortalecimiento de los interlocutores sociales, a todos los niveles.

Paralelamente, se requiere el esfuerzo de todos para impulsar un crecimiento económico sostenible, y por lo tanto el empleo, así como el cambio hacia un nuevo modelo productivo, que debe estar precedido –además de por una reforma laboral en positivo– por la reforma fiscal y del sistema financiero, y por la superación paulatina de la deuda contraída en el sector inmobiliario y de la construcción.

Si, efectivamente, “fracasan” las acciones sindicales y  quien se alegre por ello, está seguramente realizando un análisis bastante erróneo sobre las consecuencias que de tal supuesto se pueden derivar.

Es posible que ello requiera también una interpretación propia de lo que supone el “éxito” – en la actual constelación de fuerzas todas van a ser catalogadas de fracaso – de una acción sindical, movilización o huelga general.

La huelga general de 1988 se catalogó al principio como un fracaso.

Pero se retiró el “plan de empleo juvenil” y, un año después, se negociaron y firmaron los pactos “Gobierno-sindicatos” que incluían grandes conquistas sociales.

La huelga general de 1994, pese a su gran extensión, no consiguió muchos resultados a corto plazo y, de hecho, no modificó aquella reforma laboral. Pero abrió la vía a 8 años de acuerdos y de ausencia de agresiones gubernamentales en el ámbito laboral.

La huelga general de 2002, frente al “decretazo” de Aznar, se consideró un éxito. De hecho, los sindicatos lograron que el Gobierno retirara 6 de las 7 medidas propuestas (aunque luego se demostró que la séptima era una bomba de efecto retardado, con la supresión de los salarios de tramitación y la instauración de los “despidos exprés”).

Y, probablemente, con el apoyo del PSOE a la huelga, decidido a última hora, comenzó Zapatero a cimentar las bases de su victoria en 2004.

El “éxito” y el “fracaso” está muy condicionado por los intereses de los poderes fácticos y, en realidad, sólo se puede hacer un balance objetivo de los resultados logrados, directos e indirectos, al cabo del tiempo.

Para los sindicatos lo importante es que los trabajadores entiendan y compartan las razones, los objetivos concretos y las perspectivas a los que les convocan.

No es el grado de regulación de los mercados de trabajo el que determina el nivel de desempleo de un país, sino su tasa de crecimiento económico, la cual se ha visto dificultada en la UE por la arquitectura institucional de la UE, que ha dado prioridad a políticas monetarias sobre políticas keynesianas de estímulo económico.Y ello es consecuencia del enorme poder que el capital financiero tiene sobre el diseño de tal arquitectura neoliberal de la UE y, muy en especial, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo

Muchos informes, procedentes de sensibilidades distintas, llegan, sin embargo, a una misma conclusión: el estímulo económico ha sido mayor en EEUU que en la Unión Europea.

Y por estímulo económico se entiende la nueva inversión pública gastada en estimular la economía,  hay que aclarar este punto, pues muchos autores, al ver que el gasto público es, en general, mayor en los países de la Unión Europea que en EEUU, concluyen erróneamente que Europa provee mayor estímulo económico, pero estamos hablando de nuevos gastos e inversiones públicas.

En un momento en que el sector privado está estancado, sin producir empleo (en realidad se está destruyendo), es urgente e importante que sea el sector público el que cree empleo a base de incrementar su gasto público en áreas de creación de empleo. De ahí que las propuestas de reducir el gasto y el empleo público sean contraproducentes. Y de ello deriva el retraso en la recuperación económica en la UE.

Sobre todo, hay que recordar la urgencia de que la UE sea algo más que un mercado y una moneda (unos espléndidos juguetes en manos de los mercados financieros, pero absolutamente insuficientes para los ciudadanos), defender el modelo social europeo y exigir un cambio radical en el capitalismo de casino.

Y dar a los trabajadores y a la ciudadanía perspectivas de futuro, de acción y de esperanza, frente a la desafección, el miedo y el repliegue a “soluciones” ultraderechistas que avanza en Europa.

Fotografías:

Modificación de una foto de Life y fotos de José Albaladejo.

Fuentes.:

Parte del texto basado en artículos de J.M.Zufiaur, Vicenç Navarro y Antón Saracíbar publicados en  Fundación Sistema

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